Los problemas económicos nacionales podrían llevar a una reestructuración de Adif, de manera que fuera dividida en dos sociedades diferentes: una para ocuparse del AVE y otra para gestionar el ferrocarril convencional. Al menos ésa es la idea que está estudiando el Ministerio de Fomento.
La medida habría de adoptarse antes de que termine 2012, ya que tendría como finalidad adaptarse a las nueva normativa comunitaria de contabilidad que entrará en vigor en enero de 2013 y según la cual el déficit público del Estado se vería engrosado por la deuda de Adif.
El ente ferroviario, dependiente de Fomento, acumula un pasivo de 14.600 millones de euros debido, fundamentalmente, a los trabajos de infraestructuras y otros derivados de la ambiciosa red española de Alta Velocidad. Si se constituyera una empresa específica para ésta, asumiría buena parte de esos números rojos, quedando fuera de la contabilidad estatal al obtener más de la mitad de los ingresos de su actividad comercial. El resto del déficit pasaría a la otra sociedad, la que se ocuparía del ferrocarril convencional, pero el importe es bastante inferior.
Actualmente Adif es una entidad empresarial pública que heredó la infraestructura de la extinta Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y la de líneas de Alta Velocidad que construía la extinguida GIF. Creada en 2005, administra 11.096 kilómetros de vías y 1.566 estaciones en la primera modalidad, mientras que en el AVE se ocupa de los 2.926 kilómetros de vías en funcionamiento, además de 1.500 en construcción, los 900 en proyecto y 30 estaciones, en todo lo cual lleva invertidos 39.500 millones de euros.
Para esta vasta función cuenta con 13.249 trabajadores bajo la presidencia de Enrique Verdeguer, que asumió el cargo a principios de este año en sustitución de Antonio González Marín. La situación de Adif y su posible escisión en dos se vuelve una operación más compleja al coincidir con otro objetivo gubernamental: la liberalización del sector ferroviario, que llegará en julio abriendo la actividad a la libre competencia y que ya ha originado protestas y huelgas en las plantillas por entender que es una privatización que supondrá un descenso de calidad y seguridad en el servicio.
