El impacto de la crisis económica en España se ha plasmado en una ralentización de lo que hace un año parecía una expansión imparable: la construcción de la red de Alta Velocidad más extensa del mundo.
El pasado 29 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publicaba la decisión de ADIF de rescindir dos contratos de obras de construcción del AVE a Castellón como parte de del recorte de inversión de dinero en obras públicas para afrontar la crisis.
Los contratos anulados corresponden a los tramos Alamassora-Castellón y Puerto de Sagunto-Sagunto, que habían sido adjudicados a las empresas FCC y Romymar y Construcciones Luján respectivamente por un importe total de 116 millones de euros (83,22 millones en el primer caso y 32,70 en el segundo).
Sin embargo eso no quiere decir que Castellón vaya a perder los tramos definitivamente. El Ministerio de Fomento los licitará y adjudicará otra vez en un plazo máximo de dos años, sólo que bajo la modalidad de concesión con participación de capital privado. Es parte de la estrategia gubernamental para continuar acometiendo obras públicas y, al mismo tiempo, reducir el déficit.
Según Fomento, las propias empresas adjudicatarias dieron su conformidad porque la decisión “se ajusta a lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público, dado que en ambos casos concurren circunstancias de interés público”.
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